patente

A menudo nos quejamos de la piratería a la que nos vemos sometidos por los países asiáticos. Lamentamos que estos copiadores se apropien de nuestras ideas y las comercialicen con éxito. Pero el lamento no es suficiente, ya que estas prácticas se podrían evitar si en lugar de la autocomplacencia manifiesta por la calidad de los cerebros hispanos nuestros gobernantes se aplicaran en la tarea que les pagamos: administrar y legislar para favorecer que las ideas se traduzcan en patentes que, a su vez, redunden en incrementar nuestro exiguo PIB.

O dicho de otro modo, gracias a nuestras leyes es fácil que desde fuera se apropien de nuestras ideas para con ellas sustentar ingenios o tecnologías que luego les compramos a ellos. Es decir, que pagamos doblemente. Por una parte, subvencionamos investigaciones —dinero público— que acaban siendo publicadas en revistas científicas y, por otra, pagamos por el uso de una patente que se basa en los contenidos de esas publicaciones.

Como investigador —modesto— que se ve afectado por los recortes en ciencia aplicados por el Gobierno y como español, saber que hasta el 40% de nuestras ideas pueden acabar siendo el motor económico de las grandes multinacionales o de empresas radicadas en EE UU o Japón, tal y como relatan en este artículo de Materia, me produce un cierto desasosiego y recuerda la de veces que nos hemos golpeado contra el muro de la burocracia nacional.

Un muro de tres alturas. La primera, la inoperancia de la universidad, que pone mil y una pegas cuando de patentar se trata y, sobre todo, gestionar las  patentes que los que creemos en lo público nos empeñamos en hacer a través de esta institución académica. Tanto es así, que he podido comprobar como una, por no decir la mejor, de las investigadoras de este país ha visto perder tres patentes por la desidia universitaria a la hora de licitar por ellas.

La segunda es la del propio procedimiento. En España, patentar es una cuestión de echarle paciencia y perderse en farragosos informes y cuestionarios de innumerables páginas que en Norteamérica se resuelven en apenas dos o tres párrafos (no hemos firmado no sé qué protocolo europeo). Y la tercera, la falta de un tejido empresarial que se dedique a la I+D+I en condiciones. Nuestra legislación solo favorece la presencia de spin-off que acaben siendo compradas por fondos de inversión —extranjeros la mayoría— que se acaban quedando con la patente y, sobre todo, con los derechos de explotación de esta.

Pero no hay problema, nuestro presidente, el ministro del ramo y los diferentes rectores seguirán paseándose por medio mundo sacando pecho por la imaginación de los investigadores españoles.

Eduardo Costas, catedrático de Genética

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